"Más que multas, faltan condenas”

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"Más que multas, faltan condenas”

Mensaje  Admin el Dom Oct 23, 2011 9:43 am

Luego de que el Juzgado Federal II, a cargo de Mario Racedo, dispusiera días atrás el procesamiento, sin prisión preventiva, del titular de la citrícola Citromax, Eduardo Lucas Fornaciari, por considerarlo presunto autor responsable del delito de contaminación, infringiendo la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, Nuevo Diario volvió a recurrir a la opinión de la ciudadanía tucumana para conocer la impresión que generó el tema en el seno de esta sociedad.
Graciela Barba, periodista especializada en temáticas ambientales y conductora del programa radial “Ecos de Vida”, que se emite por Radio Universidad de la Universidad Nacional de Tucumán, consideró que “la multa de $150 mil pesos hacia Citromax, no es nada comparado al daño ambiental que ha causado esta citrícola con los vuelcos de sus efluentes. El gobierno (tucumano) se pone “el moño” al decir que está reduciendo la contaminación de las citrícolas a través de la plantas de tratamiento, algo que no es así, porque todos sabemos que fueron los vecinos mismos los que salieron en su momento a pedir un auxilio a la justicia en busca de una solución”, manifestó Barba.
No obstante, recalcó que es auspiciosa toda medida judicial, sea desde el ámbito del foro civil como penal. “Hay gente que sostiene que los empresarios deben ser condenados y penados no sólo con multas, sino con cárcel por el daño ambiental ocasionado, como lo establece la Ley de Residuos Peligrosos”.

Un problema de vieja data
“Aquí se sigue contaminado y se sigue dando permiso para seguir vulnerando la ley”, fustigo la periodista. En tanto, agregó que en Tucumán no hay políticas a largo plazo y se sigue paliando o tratando de mentir sobre la situación coyuntural. En particular, creo más en la justicia que en las políticas ambientales”.
Recalcó que “lo ideal sería que la Secretaria de Medio Ambiente y el Ministerio de la Producción asuman un rol activo y diseñen políticas ambientales mediante los cuales determinadas empresas cumplan con la normativa ambiental. No sólo se deben aplicar multas, sino también se les debe impedir el trabajo, no otorgándoles el certificado de aptitud ambiental, en el caso de que no cumplieran”. De parte de la ciudadanía, agregó que en los últimos tiempos la ciudadanía está entendiendo el tema de a poco”, aunque remarcó que “existe una división entre la población que está de acuerdo con que trabajen las empresas, con la población que no quiere perder el trabajo en las citrícolas, pero también está el otro sector, que quiere que paren de contaminar”. Cabe resaltar que en base a este caso, el magistrado federal evaluó como pruebas sendos informes, realizados por la Gendarmería Nacional y por peritos científicos de la Universidad Nacional de Tucumán, según los cuales los efluentes de esa citrícola registraban valores prohibidos respecto a la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de oxígeno (DBO)
fuente www.nuevodiarioweb.com.ar

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