Los funcionarios tucumanos son incapaces.

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Los funcionarios tucumanos son incapaces.

Mensaje  Jose Luis Navarro el Sáb Oct 08, 2011 6:57 am

Fuertes críticas lanzó el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Martín Díaz Achával, en contra del gobierno de Tucumán, a raíz de la contaminación de ríos y arroyos de la cuenca Salí-Dulce con cenizas y carbonillas, que son extraídas de los filtros de chimeneas de ingenios de la vecina provincia. Para el ombudsman, esta situación desnuda “la incapacidad y la impotencia del gobierno tucumano para controlar”.

Además, denunció que las autoridades tucumanas siguen habilitando industrias sin exigirles que cuenten con plantas de tratamientos de sus derechos, por lo que el problema de la contaminación lejos de estar cerca de una solución, se agravará.

“Es una demostración más que engañan a los mismos tucumanos, a nosotros y a la Nación, porque no hay control. Aquí el problema es que no hay control”, se quejó el funcionario santiagueño sobre las autoridades tucumanas, en una entrevista que mantuvo con EL LIBERAL.

Ante esta situación, Díaz Achával consideró que tiene que haber mayores controles a las empresas y de los fondos que la Nación disponga para la reconversión industrial de ingenios que tienen destilerías, “porque si siguen entregándoles plata sin control externo, sin control de seguimiento, la contaminación no va a cesar”, advirtió.

Queja
Las autoridades ambientales santiagueñas habían expresado su reclamo ante sus pares de Tucumán en la última reunión que tuvo el Comité de Cuenca en la provincia de Córdoba, por la contaminación con cenizas de ríos y arroyos que desembocan en el embalse Río Hondo, hecho que fue comprobado durante los últimos monitoreos. Los funcionarios señalaron que estos residuos provienen del lavado de los filtros húmedos que se colocaron en las chimeneas de las plantas fabriles.

“Esto yo lo venía señalando, que la mancha negra en el embalse era carbonilla, que antes los ingenios arrojaban en el aire y se dispersaba y molestaba a los tucumanos”, dijo al respecto Díaz Achával, quien enfatizó que los principales afectados por esta situación son los mismos tucumanos, porque esta afectación de las aguas pasa en 100 kilómetros del curso hidrológico. “El primer contaminado, el primer podrido es Tucumán, nosotros saltamos por los que nos llega”, ilustró.

Para el defensor una cuestión que genera mayor preocupación, es que Tucumán “autoriza permanentemente el aumento de la producción y la instalación de fábricas sin tratamiento de vinaza”.

A modo de ejemplo, recordó que en marzo del año pasado, el gobernador José Alperovich; su esposa (la senadora Beatriz Rojkes de Alperovich) y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, inauguraron la planta del ingenio La Florida, del empresario Jorge Rocchia Ferro, que recientemente la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán tuvo que cerrarla porque no tenía planta de tratamiento acorde para la vinaza, según comprobó una inspección del Comité de Cuenca.

“Inauguraron una fábrica nueva, no es una obsoleta o que tiene 50 años, y que no tiene sistema de tratamiento. Un año después viene el cierre de producción porque el sistema no le alcanza. Quiere decir que las autoridades lo inauguraron y lo habilitaron a funcionar sin exigirle una planta de tratamiento”, reflexionó Díaz Achával.

“Con el hollín, sucede lo mismo, si pone el filtro húmedo, pero después los industriales tiran al río las cenizas y carbonilla, es demostrativo del concepto de producción que tiene el empresariado tucumano y un símbolo de la incapacidad y de la impotencia para controlar que tiene el gobierno tucumano. Es un gobierno notoriamente impotente, porque los “scraver” o filtros están, se sabe cada cuánto los van a sacar y no son capaces de ir a comprobar qué se hace con la carbonilla.

Además, no son muchos los ingenios que tienen estos filtros. No tienen capacidad de control”, reprochó.

Finalmente, el defensor sostuvo que Santiago del Estero tiene que ser parte en el control del uso de los fondos girados por la Secretaría de Ambiente de la Nación. “La única solución es que Santiago participe del control tanto el gobierno como la Defensoría, y que ese control se haga en forma permanente”,
fuente www.elliberal.com.ar

Jose Luis Navarro

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