Oficializaron las modificaciones y las reglamentaciones de la ley de Bosques

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Oficializaron las modificaciones y las reglamentaciones de la ley de Bosques

Mensaje  Jose Luis Navarro el Vie Abr 01, 2011 11:18 pm

El Gobierno provincial actualizó las tasas y avanzó en la reglamentación de algunos artículos de la ley 6841 de Conservación y Usos Múltiples de las Areas Forestales de Santiago del Estero a través del decreto 265/2011 fechado en la última semana de febrero y firmado por el gobernador Gerardo Zamora, el jefe de Gabinete Elías Suárez y el ministro de la Producción Ing. Luis Gelid. Las modificaciones se realizaron debido a que “en los dos años de vigencia de la ley se ha advertido la necesidad de eliminar ciertos obstáculos existentes en su texto para lograr una adecuada aplicación de la normativa en cuestión e incorporar ciertos institutos para una mayor eficacia de la misma”.
De esta forma se introdujeron cambios al artículo 79 del decreto 1.162/08 que a partir de ahora implicará que deberán precisar el lugar donde se encuentra la maquinaria afectada a la actividad y también toda la documentación pertinente de las mismas.
El decreto expresa que “las empresas que soliciten su inscripción en la Autoridad de Aplicación deberán presentar la siguiente documentación: a) en el caso de personas físicas, certificado de residencia y de buena conducta, copia de su DNI, informarán la dirección del establecimiento en el que se encuentran en el que se encuentran los bienes y máquinas afectadas ala actividad y un inventario de los mismos, acompañado de la documentación que acredita su titularidad de acuerdo con la legislación vigente”.
Por otro lado, en el caso de las personas jurídicas “deberán hacer constar su razón social, acreditarán su inscripción en el Registro Público de Comercio, acta de designación de sus actuales autoridades y domicilios de la entidad, informarán asimismo la dirección del establecimiento en el que se encuentren los bienes y máquinas afectadas a la actividad y un inventario de los mismos, acompañado de la documentación que acredita su titularidad de acuerdo con la legislación vigente”. Asimismo, se reglamentó el artículo 105 del mismo decreto. A través de esta medida, se apunta a facilitar el ingreso de las autoridades que controlan el cumplimiento de la ley en las propiedades. En su apartado a, se establece que “el organismo de aplicación procederá a la remoción de cualquier elemento que impida el acceso al inmueble a inspeccionar”, también que “cuando el acceso al inmueble sea impedido, podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para ingresar al predio en cuestión”. Añadieron que “cuando se utilizare el método de cadeneo para la eliminación de la cobertura del suelo, la autoridad de aplicación procederá al decomiso de las cadenas y demás elementos empleados para la actividad”.
Puntualizó el decreto que “la falta de colaboración del presunto infractor o sus dependientes, contratados, maquinistas, puesteros, capataces, durante los procedimientos que realice la autoridad de Aplicación que será considerada agravante de la infracción”. También deja claro que la autoridad jurídica competente en estos casos es el Fiscal de Estado.

El procedimiento administrativo
Otra de las modificaciones que se introdujo fue en el artículo 107 del mismo decreto. Estos cambios se refieren más que nada al tratamiento administrativo de las infracciones.
“Los sumarios administrativos motivados en infracciones tipificadas en la ley o en la reglamentación se originarán por denuncias que reciba la Autoridad de Aplicación o por actuaciones iniciadas de oficio. Los agentes de la Autoridad de Aplicación deberán confeccionar actas de infracciones en toda ocasión que detecten o se les denuncie infracciones tipificadas en la ley o en la reglamentación, de inmediato y sin necesidad de instrucción específica de sus superiores, pudiendo incluso pedir el auxilio de la fuerza pública para el mejor desarrollo de su cometido”, indica el decreto.
Señala también que “en las actuaciones administrativas llevadas a cabo por los citados agentes se deberán colectar todas las pruebas que resultaren de interés para la conformación del sumario administrativo”. Añadió que “en dicho cometido deberán confeccionar un croquis ilustrativo y obtener las tomas fotográficas de interés, tanto de inmuebles, vehículos, máquinas y personas que en el lugar del hecho se encontraren, pudiendo recabar testimonios a las mismas, formulándole las preguntas que resultaren pertinentes para el debido esclarecimiento del caso”.
Por otra parte, “deberá solicitar al supuesto infractor la documentación que tuviere respecto de las actividades realizadas y de los bienes que existieren en el lugar. Si dichas personas desearen realizar alguna manifestación, el agente de la Autoridad de Aplicación asentará detallada y fielmente sus expresiones. Concluida la actuación, el agente de la Autoridad de Aplicación dejará una notificación al supuesto infractor, con la relación sucinta de los acontecido para que en un plazo no menor a 5 días y no mayor a 10 días, concurra al organismo de aplicación para notificarse de los cargos que se le formulan”. Una vez efectuadas las actuaciones por parte del agente de aplicación, tendrá 72 horas para comunicarla a la Autoridad de Aplicación. Esta Autoridad, podrá disponer hasta la suspensión del plan de desmonte en curso si lo hubiere.
También se reglamentaron los tiempos que tendrá el infractor para realizar su descargo. En este sentido, se lo notificará mediante cédula de los cargos y de las pruebas formuladas en su contra. De allí, el infractor tendrá entre 10 y 15 días como máximo para realizar su descargo. No obstante, “aún antes de la fecha de la presentación del supuesto infractor, se podrán ordenar, sin notificación previa y en casos de suma urgencia, reconocimientos, pericias e inspecciones siempre que por su naturaleza y características resultaren de imposible o muy dificultosa producción durante el período de prueba”. El decreto establece que la declaración del sumariado podrá suplirse con la presentación de un escrito y que podrá valerse de todo medio de prueba, siempre que la Autoridad no las considere dilatorias.
De corresponder, el plazo de prueba no excederá los quince días hábiles y la instrucción gozará de amplias facultades para realizar el sumario. Al respecto, podrá requerir los informes sin necesidad de seguir la vía jerárquica. Las decisiones adoptadas en la etapa de instrucción son irrecurribles.
Una vez concluido este procedimiento, el instructor se pronunciará sobre las comprobaciones efectuadas y elevará la causa al titular de la repartición a los fines de que resuelva lo que corresponda conforme a derecho.
En lo demás no previsto, será de aplicación supletoria las disposiciones de la ley 5.642 y su decreto 3.601/88, la ley 2.296 y el Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional de la provincia.
Asimismo, de acuerdo con la modificación del artículo 111 del decreto 1.162/08, queda obligado a reforestar todo infractor que, sin autorización, “corte, arranque, mutile o queme especies vegetales leñosas”, plan que deberá presentarse dentro de los 60 días contados a partir de la intimación.

Jose Luis Navarro

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